Las administraciones públicas presentes en Canarias dejan de licitar un 17,6% en las adjudicaciones de los tres últimos meses

    Esto supone que han dejado de gastar más de 8,5 millones de euros, tal y como han puesto de manifiesto Vicente Sánchez, secretario general de CCOO de Construcción y Servicios, y José Manuel Ojeda secretario general de la federación en Canarias

    14/10/2020.
    Las administraciones públicas presentes en Canarias dejan de licitar un 17,6% en las adjudicaciones de los tres últimos meses

    Las administraciones públicas presentes en Canarias dejan de licitar un 17,6% en las adjudicaciones de los tres últimos meses

    Ambos dirigentes dan a conocer el informe del Observatorio en el último trimestre en el ámbito de Canarias, de igual forma que la federación sindical lo viene haciendo en el conjunto de las Comunidades Autónomas.

    Así, han explicado que el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública nace con el objetivo de realizar un seguimiento sobre la licitación, en sectores como la Atención Domiciliaria, Construcción, Jardinería, Limpieza de Edificios, Limpieza Viaria, Mantenimiento, Recogida de Residuos y Seguridad Privada.

    Los responsables sindicales han indicado que el Observatorio va a realizar un seguimiento para cuantificar la diferencia tanto económica como de servicios prestados en las licitaciones de estos sectores en el ámbito territorial de cada Comunidad, identificando los términos de la adjudicación y las empresas en cada concurso.

    El informe trimestral que se ha dada a conocer en Canarias recoge que las distintas administraciones públicas presentes en el territorio han adjudicado un total 187 contratos, cuyo importe inicial de licitación ha supuesto 48.545.105,30 euros, constatando una reducción media de este importe en un 17,6%, quedando finalmente la adjudicación en un total de 40.010.073,49€ lo que supone que se ha dejado de gastar 8.535.031,81€.

    Según el estudio del Observatorio, las entidades locales son la que mayor porcentaje han adjudicado con casi 30 millones de euros, que representan el 74% del total y que corresponden mayoritariamente a obras de construcción y actividades de mantenimiento y rehabilitación de infraestructuras municipales, así como carreteras.

    Le sigue en volumen el Gobierno de Canarias, que ha adjudicado casi 7,5 millones de euros (7.478.555,22€) en estos tres meses que se han destinado en gran medida a la contratación de servicios de seguridad privada y obras de construcción. En tercer lugar, con el menor importe, la Administración General del Estado y sus organismos presentes en el territorio, que han adjudicado el 7% restante por 2,8 millones de euros, siendo las actividades de limpieza y jardinería los principales servicios contratados.

    De las tres administraciones públicas son las entidades locales las que han contratado con una rebaja mayor: un 19,5% de media. Esta rebaja media ha sido ampliamente superada en algunos procedimientos como, por ejemplo, los gestionados por el Cabildo Insular de Tenerife para obras en carreteras con una rebaja del 27% u otros de obras gestionados por distintos ayuntamientos (Tías o Güímar) con reducciones en el precio superiores al 36%.

    CCOO de Construcción y Servicios sostiene que el criterio de selección por parte de las administraciones es el precio, como así se ha dado en la contratación de actividades de limpieza por parte de organismos de administración estatal (INSS o TGSS) donde en septiembre han adjudicado dos contratos con rebajas medias superiores al 20%. También se constatan recortes parecidos cuando la entidad adjudicataria pertenece al Gobierno de Canarias, donde por ejemplo, en el mes de agosto, las Consejerías de Presidencia o la de Hacienda contrataron la prestación de servicios de limpieza con una rebaja del precio inicial, superior al 20%.

    En relación con el comportamiento de la contratación, Vicente Sánchez ha señalado que en datos comparativos se observa una disminución de la contratación pública, por lo que ha instado a las distintas administraciones para que tengan un papel pro activo y den salida a proyectos que generen empleo, primando en su tramitación y gestión la transparencia y la eficiencia.

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