Inoperancia de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares

    La sección sindical de CCOO de Construcción y Servicios de Baleares critica la poca eficacia de la Inspección de Trabajo en relación a varias denuncias interpuestas contra una de las mayores empresas de seguridad privada de Baleares

    08/05/2020.
    Inoperancia de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares

    Inoperancia de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares

    Los miembros de la sección sindical de CCOO de Construcción y Servicios de Baleares están molestos porque la Inspección de Trabajo no está realizando su función y parece no tomar en serio cualquier denuncia relacionada con esta empresa.

    Todas las denuncias presentan un denominador común, y es la falta de consideración a la que la empresa tiene sometidos a los representantes de los trabajadores y trabajadoras, que se traduce en no haber convocado ni al Comité de Empresa ni al Comité de Seguridad y Salud a ninguna reunión tras la declaración del estado de alarma, negarse a facilitar documentación a la representación de los trabajadores y trabajadoras o desoír sus requerimientos en materia de salud laboral, en especial en lo referente a proveer a su plantilla de equipos de protección, algo crucial teniendo en cuenta la crisis sanitaria por la que atravesamos, o la elaboración de protocolos de actuación específicos contra el COVID-19, en estricto cumplimiento de las recomendaciones y protocolos de IBASSAL para el sector de la seguridad privada, y de las directrices decretadas por los Ministerios de Sanidad y trabajo.

    Según manifiesta el sindicato la empresa habría presentado el pasado 3 de abril un ERTE, que solo en Baleares afectaría a más de 700 trabajadores y trabajadoras, del que el comité no habría recibido notificación previa, y posteriormente se negaría a proporcionar documentación relevante a los representantes de los trabajadores y trabajadoras, como son por ejemplo los cuadrantes de trabajo.

    Esto pone de manifiesto las irregularidades que la empresa estaría cometiendo en relación con este expediente de regulación temporal de empleo, el cual no habría recibido autorización expresa por parte del Ministerio de Trabajo. Pero la empresa se habría atribuido la potestad de considerarlo tácticamente aprobado por “silencio administrativo positivo”, validando de facto la suspensión de contratos y reducciones de jornada del personal afectado.

    Cuando se han trasladado estos hechos a la Inspección de Trabajo, como la no entrega de documentación y otros incumplimientos reiterados que afectan a la salud e integridad física de los trabajadores y trabajadoras, y que son suficientemente graves como para que la inspección actúe de oficio sin necesidad de denuncia, este organismo ha hecho caso omiso, presenta excusas peregrinas como que en el actual momento de crisis sanitaria hay asuntos más importantes, se declara incompetente o emite resoluciones basándose únicamente a las alegaciones de la empresa, sin que en ningún momento se cite a los representantes de los trabajadores y trabajadoras denunciantes para que puedan rebatir los argumentos empresariales.

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