La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento deben asegurar la protección de la salud y detección del Covid-19 del personal de servicios públicos privatizados

    Hace 15 días que CCOO de Construcción y Servicios de Madrid solicitó a las administraciones públicas que se protegiese la salud y se realizasen pruebas de detección del Covid-19 al personal de servicios públicos esenciales independientemente de si son funcionarios o no

    13/04/2020.
    Reparto de mascarillas a los viajeros en los intercambiadores de transporte

    Reparto de mascarillas a los viajeros en los intercambiadores de transporte

    Cuando el pasado 25 de marzo el alcalde de Madrid anuncio la realización de pruebas de detección del coronavirus para los servicios esenciales de la ciudad, CCOO de Construcción y Servicios de Madrid comunicó a este organismo y amplió el requerimiento a la Comunidad de Madrid, para que de manera urgente se realizaran los test de detección al personal de todos los servicios públicos esenciales como la limpieza, la atención domiciliaria, la vigilancia privada, el saneamiento urbano, lavanderías y el mantenimiento de infraestructuras críticas, independientemente de si eran funcionarios o no.

    El sindicato vuelve nuevamente a reclamarlo, sin que tales medidas se hayan tomado a pesar de que la pandemia ha seguido avanzando.

    Desgraciada e irresponsablemente la administración tanto municipal como de la Comunidad han hecho caso omiso a estos requerimientos o los han puesto en la cola de espera, en el mejor de los casos, como ha comunicado el Ayuntamiento al servicio de saneamiento urbano.

    La Comunidad de Madrid por su parte ni se ha pronunciado ni ha contestado a las peticiones realizadas y registradas al respecto por CCOO de Construcción y Servicios de Madrid.

    El personal de limpieza de edificios y locales es otro de los colectivos afectados por la precariedad y la ausencia de medidas de protección adecuadas, especialmente la limpieza hospitalaria, que al igual que el personal sanitario, ha sido un colectivo que ha trabajado en condiciones precarias en situaciones de alto riesgo de contagio y sufriendo una merma por infección confirmada o aislamiento de su personal de entre el 40 y el 50 %, según el centro hospitalario. Este colectivo ha sido discriminado y en algunos casos ha sido obligado a reutilizar material durante días y trasladar residuos biosanitarios saltándose todos los protocolos establecidos.

    La situación provocada por la pandemia varía día a día y nuestra respuesta como sociedad y administración pública también. Algunas cuestiones referidas al procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente al Covid-19, elaboradas por el Ministerio de Sanidad, han tenido que ser reinterpretadas, como ha demandado el departamento de Salud Laboral de CCOO de Construcción de Servicios de Madrid en varias ocasiones, y los tres escenarios de riesgo ahora no son estancos, pudiendo un trabajador o trabajadora y/o profesión estar en uno u otro escenario dependiendo de la tarea realizada en un determinado momento.

    La Comunidad de Madrid y su Ayuntamiento tienen nula capacidad de adaptación ante la pandemia manteniendo posiciones fijas cuando los escenarios de la epidemia y su atención varían.

    Estas administraciones tienen la responsabilidad de tomar iniciativas para proteger a aquellos servicios públicos esenciales en coordinación con los servicios de prevención de las empresas contratadas, como por ejemplo las dedicadas al Servicio de Atención Domiciliaria cuyo personal, al igual que las personas a las que atienden, deberían ser de especial atención y seguimiento por parte de la administración para evitar el contagio fatal a una población de gran riesgo, como son nuestros mayores. Y aún más ahora, que debido al aumento de altas producidas para no colapsar los hospitales de personas en cuarentena que vuelven a sus domicilios pero que requieren cuidados, se hacen necesarios los mismos equipos de protección individual (EPIs) que en un hospital.

    Con la reanudación de parte de la actividad económica en el día de hoy hemos asistido al reparto de mascarillas a los viajeros en los intercambiadores de transporte, conscientes desde la autoridad de que el Metro o la Renfe y los autobuses son lugares donde es difícil mantener la distancia de seguridad. Lugares como el metro de Madrid donde los vigilantes de seguridad encargados de mantener el orden y evitar aglomeraciones por orden de la Comisaria de Seguridad Ciudadana, llevan desde el comienzo de la crisis trabajando sin protección durante toda su jornada laboral. Algunos vigilantes, los más afortunados, han tenido acceso hoy a una mascarilla al encontrase en las zonas de reparto, el resto seguirán realizando su labor sin equipos y sin saber si son transmisores de la enfermedad.

    Por todo ello los servicios públicos esenciales, que han se han erigido como los pilares del funcionamiento de nuestra sociedad sin distinguir si están privatizados o no, no pueden colapsarse ni quedar desprotegidos.

    Durante el estado de alarma los materiales de protección y test de detección se han tenido que poner a disposición de la autoridad competente, por tanto la administración pública de la cual dependen estos servicios es la que debe garantizar el suministro de los mismos hasta que se normalice la situación, y aprovisionar a las empresas concesionarias, en el caso de que éstas no puedan proporcionarlos debido a la situación del mercado.

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