CCOO de Construcción y Servicios presenta en Toledo el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública en los sectores de la construcción y los servicios

    • Vicente Sánchez ha destacado la importancia de esta herramienta de seguimiento que la federación ha puesto en marcha, donde se detectan minoraciones en las adjudicaciones públicas, afectando al empleo y a la calidad del servicio
    • La Comunidad de Castilla-La Mancha deja de gastar un 15,8% en contratación pública en cinco meses, que supone un recorte de 4.685.121,12 euros

    11/03/2020.

    Rueda de prensa de Vicente Sánchez y Remedios Toboso en Toledo


    En la presentación han comparecido en rueda de prensa Vicente Sánchez, secretario federal de CCOO de Construcción y Servicios y Remedios Toboso, secretaria general de la federación en Castilla-La Mancha, para exponer el funcionamiento del Observatorio y dar a conocer los datos sobre contratación pública de los últimos meses en esta Comunidad.

    Según ha indicado Vicente Sánchez, el periodo que va de octubre de 2019 a febrero de 2020, las administraciones públicas ubicadas en Castilla-La Mancha, han sacado a concurso un total de 152 contratos por un importe total de licitación de 29.745.131,82 euros.

    De la exposición de los datos extraídos del informe elaborado se detecta que en el transcurso de las licitaciones producidas, este importe se ha visto reducido a la cuantía de 25.060.010,70 euros, lo que ha supuesto una rebaja sobre el valor inicial de 4.685.121,12 euros que las distintas administraciones han dejado de gastar, lo que supone un 15,8% de reducción en estos cinco meses.

    Las Entidades Locales son las que más presupuesto han aportado con 15 millones adjudicados, que supone el 60% del importe total, correspondiendo, mayoritariamente, a obras de construcción realizadas y a la contratación de seguridad privada y limpieza, así como a servicios de recogida y gestión de residuos.

    Le sigue en volumen de contratación la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha adjudicado casi 6 millones de euros (5.987.650,45€), que constituye el 23,90% del importe global, destacando la particularidad de que solo se han producido adjudicaciones en los meses de octubre, enero y febrero, quedando al descubierto sin ningún contrato en los meses de noviembre y diciembre.

    Finalmente, la Administración General del Estado y sus organismos presentes en el territorio, por su parte, han adjudicado el 16,14% restante con un importe de 4 millones de euros, que fundamentalmente han sido destinados a actividades de limpieza y servicios de seguridad privada.

    De otra parte el informe revela que de las tres administraciones son las entidades locales las que han contratado con una rebaja mayor de media: un 19,2%. Ejemplo de ello son una adjudicación en carreteras gestionada por la Diputación Provincial de Ciudad Real en el mes de diciembre con una diferencia de 482.491,60 euro (27,6%) sobre el valor licitado, otro contrato de esta Diputación en obras, en el mes de enero, con un recorte de 423.655,23 euros (28,7%) y otro ejemplo es el de un contrato en obras de la Diputación Provincial de Cuenca con una bajada de 509.521,48 euros (23,6%).

    La Administración General del Estado que, como se ha señalado, es la que menos importe ha adjudicado en este tiempo, ha contratado con un 13,5% por debajo del precio de licitación inicial. Finalmente, La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aplicado una rebaja media del 7,6%, la menor tasa.

    Para Sánchez, esta situación de rebaja entre el valor adjudicado y el licitado no es comprensible y ha demandado mayor rigor a todas las administraciones para que a cada contrato se aplique la partida inicial y que esto revierta en la consolidación del empleo en estos sectores y se apueste por una mejor calidad en el servicio prestado, ha concluido el responsable sindical.

    Los dirigentes sindicales han destacado que no existe una mejor eficiencia aplicando los criterios de la ley de desindexación, porque esta no garantiza un mejor servicio ni mayores prestaciones, además de la repercusión negativa que tiene en el empleo y las obligaciones sociales de las empresas, por lo que han solicitado su derogación.

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