Los vigilantes de seguridad de prisiones se concentran frente al Ministerio del Interior en defensa de sus puestos de trabajo

    Los vigilantes de seguridad de las prisiones de las Comunidades de Madrid, Extremadura y Castilla la Mancha protestan ante el Ministerio de Interior, para que resuelva su situación y puedan volver lo antes posible a sus puestos de trabajo, ahora cubiertos de urgencia por Guardia Civil y Policía

    14/01/2020.
    Los vigilantes de seguridad de prisiones se concentran frente al Ministerio del Interior en defensa de sus puestos de trabajo

    Los vigilantes de seguridad de prisiones se concentran frente al Ministerio del Interior en defensa de sus puestos de trabajo

    Varios centenares de personas se han concentrado en la mañana de hoy en el Paseo de la Castellana frente al Ministerio del Interior.

    La protesta viene originada por la situación del servicio de seguridad, que emplea a más de 250 vigilantes en 15 prisiones de la zona centro, repartidas entre las Comunidades autónomas de Madrid, Extremadura y Castilla la Mancha, y que el Ministerio sacó a concurso y ninguna empresa quiso licitar, quedando desierto. Así, el uno de enero el Ministerio de Interior tuvo que enviar de urgencia a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a cubrir el servicio, donde aún siguen.

    Se da la circunstancia que este lote de servicio de seguridad de prisiones era gestionado por la empresa Ombuds, que se encuentra en concurso de acreedores, con importantes deudas a la Seguridad Social, Hacienda y para con sus trabajadores y trabajadoras. Esta ha sido la circunstancia fundamental que ha provocado que el concurso quede desierto, ya que, según la última sentencia del Tribunal Supremo en lo referente a la sucesión de empresas, obliga a las nuevas adjudicatarias a hacerse cargo de las deudas de los cesantes.

    El concurso presentado por Interior no contemplaba esta circunstancia, y en vez de prorrogar y esperar a que la situación concursal de la empresa se aclarase, realizó un concurso precipitado abocado al fracaso, teniendo que disponer de un importante contingente de urgencia de Guardia Civiles y Policías, que no estaba previsto, y que estarán sustituyendo a los vigilantes de seguridad hasta marzo, momento en el que se habrá realizado ya un nuevo concurso.

    Desde CCOO de Construcción y Servicios instamos al Ministerio del Interior a que resuelva este conflicto, y no únicamente por la vía del precio, ya que esto supondría seguir con el modelo de precios bajos en la seguridad privada llevado a cabo por las administraciones públicas y que, junto a una mala gestión empresarial, se ha llevado por delante a compañías como Ombuds, Segur Ibérica o Integral Canaria, por poner algunos ejemplos. Hoy en día ser proveedor de servicios de seguridad para la administración es una actividad de riesgo para la viabilidad de las empresas.

    Sería deseable que Ombuds y la Administración Concursal tuvieran en sus actuaciones mayor compromiso social, diligencia y celeridad de cara a que los trabajadores y trabajadoras puedan ir cobrando lo que se les adeuda y facilitando la subrogación del personal, sobre todo, en importantes servicios para la ciudadanía como son la seguridad de las prisiones, el Metro de Madrid o la EMT.

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