Exitosa concentración convocada por CCOO apoyando a los vigilantes de Ombuds en Cantabria

    Gran afluencia en la concentración de los trabajadores y trabajadoras de seguridad de la empresa Ombuds en Cantabria a las puertas del Museo de Altamira denunciando el impago de sus nóminas

    14/08/2019.
    Concentración de trabajadores y trabajadoras de Ombuds en Cantabria

    Concentración de trabajadores y trabajadoras de Ombuds en Cantabria

    CCOO de Construcción y Servicios de Cantabria y el resto de sindicatos representativos cántabros convocaron para el día de ayer, 13 de agosto, a los vigilantes de seguridad y auxiliares de la empresa Ombuds en las puertas del Museo de Altamira para exigir a la Administración medidas urgentes contra los impagos de la principal contrata de seguridad privada de las administraciones públicas españolas.

    Explicaron que “la actitud de esta empresa y sus reiteradas deudas con los trabajadores fuerzan a rescindir de inmediato el contrato de licitación y a recurrir a otra empresa más seria y respetuosa con los derechos de su plantilla”.

    Los sindicatos hicieron hincapié en que lo que ha ocurrido es una consecuencia lógica cuando se licitan servicios públicos a una empresa que oferta un presupuesto temerariamente bajo, que no permite siquiera cubrir los salarios de los trabajadores que prestan el servicio.

    CCOO de Construcción y Servicios de Cantabria, CSIF, USO y UGT reiteraron que “es necesario que se rescinda el contrato público con esta empresa para que entre otra y dar una salida a los trabajadores” y reclamaron en la concentración que “el caso de Ombuds no se vuelva a repetir”.

    Desde la concentración, se solicitó a las administraciones públicas que no aprueben pliegos de licitación basándose únicamente en un presupuesto muy barato, y que existan cláusulas de rescisión inmediata del contrato público si no cumplen con sus trabajadores y trabajadoras por impago de salarios o merma en sus prestaciones económicas y sociales.

    Además, los sindicatos proponen que las administraciones públicas excluyan de las concesiones a aquellas empresas que ya tengan deudas con sus trabajadores, la Seguridad Social o Hacienda.

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